(Libertad Digital)
PSOE y PP han llegado a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y el resultado es el que cabía esperar de un sistema en el que el poder legislativo nombra a los miembros del poder judicial: un órgano de gobierno de los jueces que refuerza su perfil político en detrimento de esa separación de poderes que cabría esperar de un Estado de Derecho digno de ese nombre.
Por mucho que el portavoz del todavía vigente CGPJ, Enrique López, nos quiera hacer comulgar con ruedas de molino al destacar el carácter "técnico y profesional" del nuevo Consejo, basta echar un vistazo a las trayectorias de muchos de sus nuevos vocales para llegar a la conclusión de que su carácter político, cuanto menos, se consolida. Ahí está el caso de Margarita Robles, ex secretaria de Estado con el PSOE y premiada muy meritoriamente por la Fundación Sabino Arana, o de Fernando de la Rosa, consejero autonómico del PP. ¿Y qué decir de Ramón Camp, ex portavoz de CiU en el Senado, vicepresidente del Parlamento de Cataluña y entusiasta redactor del soberanista Estatuto de Cataluña? Eso, por no hablar de la ex diputada del PNV Margarita Uría.
Por otra parte, aunque el hecho de estar afiliado a alguna de las asociaciones judiciales no tenga que significar necesariamente falta de independencia o de meritos profesionales, también cabe destacar que no haya ni un solo vocal no afiliado entre los jueces, a pesar de que estos representan casi el 50 por ciento de la carrera. Además, el nuevo Consejo ni siquiera refleja el peso relativo de las diferentes asociaciones. Así, la claramente mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura sólo tiene un vocal más que la minoritaria y, eso sí, muy "progresista" Asociación de Jueces para la Democracia, que tiene cuatro vocales. La asociación Francisco de Vitoria, a pesar de ser la segunda por número de afiliados, cuenta con un solo vocal.
Con todo, y tal y como señalábamos al principio, nada alienta más la politización de la Justicia que el sistema de elección que, desde los tiempos de González y bajo la proclama guerrista de "Montesquieu ha muerto", merma de manera decisiva la independencia del poder judicial. Por mucho que fuera el PSOE el que matara políticamente al célebre defensor de la división de poderes, lo cierto es que el PP, desde entonces, no ha hecho más que colaborar en el entierro. Así, la promesa del PP de Aznar de restablecer el sistema de elección de los órganos judiciales a cargo de los propios jueces, fue primero aparcada con la excusa de falta de apoyos, para luego ser olvidada una vez que se obtuvo la mayoría absoluta.
Ahora, tras el nuevo apaño, algunos en el PP se querrán consolar con el hecho de que sus nueve vocales elegidos les aseguran una minoría de bloqueo que hará imprescindible su acuerdo para las decisiones más importantes, en las que se requiere una mayoría de tres quintos. Sin embargo, no es esto a lo que el pensamiento constitucionalista se refería al abogar por un sistema de "frenos y contrapesos" al poder. La independencia del poder judicial es mucho más garantía y salvaguarda de los derechos constitucionales que la necesidad de acuerdos coyunturales a los que puedan llegar los distintos intereses partidistas para designar a los miembros de los órganos judiciales.
Si la pérdida de independencia del poder judicial, que indefectiblemente conlleva la designación no vitalicia de sus miembros por parte del poder legislativo, merma la calidad de cualquier democracia, en el caso de España está, además, haciendo peligrar su misma existencia como nación. Así, la consentida realidad de que no se pueda estudiar en español en muchas partes de España, o la posibilidad de que un Estatuto soberanista quiebre la unidad de España como nación y como Estado de Derecho, son factibles por culpa de una designación política de los miembros que conforman el poder judicial.
En cualquier caso, y a la espera de la pendiente renovación del Tribunal Constitucional, esperemos que este funeral por Montesquieu, esta subordinación.NOTA EDITORIAL PENSAMIENTO LÓKIDOS:
A Montesquieu ya lo mataron en tiempos de Felipe González, ahora lo han entrerrado. ¿Dónde está la independencia del poder juifical? Ahora el gobierno puede controla las deciciones judiciales. ¿Quién conde a la administracion?
