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lunes, 8 de septiembre de 2008

Renovacion del Poder Judicial

(Libertad Digital)

PSOE y PP han llegado a un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y el resultado es el que cabía esperar de un sistema en el que el poder legislativo nombra a los miembros del poder judicial: un órgano de gobierno de los jueces que refuerza su perfil político en detrimento de esa separación de poderes que cabría esperar de un Estado de Derecho digno de ese nombre.

Por mucho que el portavoz del todavía vigente CGPJ, Enrique López, nos quiera hacer comulgar con ruedas de molino al destacar el carácter "técnico y profesional" del nuevo Consejo, basta echar un vistazo a las trayectorias de muchos de sus nuevos vocales para llegar a la conclusión de que su carácter político, cuanto menos, se consolida. Ahí está el caso de Margarita Robles, ex secretaria de Estado con el PSOE y premiada muy meritoriamente por la Fundación Sabino Arana, o de Fernando de la Rosa, consejero autonómico del PP. ¿Y qué decir de Ramón Camp, ex portavoz de CiU en el Senado, vicepresidente del Parlamento de Cataluña y entusiasta redactor del soberanista Estatuto de Cataluña? Eso, por no hablar de la ex diputada del PNV Margarita Uría.

Por otra parte, aunque el hecho de estar afiliado a alguna de las asociaciones judiciales no tenga que significar necesariamente falta de independencia o de meritos profesionales, también cabe destacar que no haya ni un solo vocal no afiliado entre los jueces, a pesar de que estos representan casi el 50 por ciento de la carrera. Además, el nuevo Consejo ni siquiera refleja el peso relativo de las diferentes asociaciones. Así, la claramente mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura sólo tiene un vocal más que la minoritaria y, eso sí, muy "progresista" Asociación de Jueces para la Democracia, que tiene cuatro vocales. La asociación Francisco de Vitoria, a pesar de ser la segunda por número de afiliados, cuenta con un solo vocal.

Con todo, y tal y como señalábamos al principio, nada alienta más la politización de la Justicia que el sistema de elección que, desde los tiempos de González y bajo la proclama guerrista de "Montesquieu ha muerto", merma de manera decisiva la independencia del poder judicial. Por mucho que fuera el PSOE el que matara políticamente al célebre defensor de la división de poderes, lo cierto es que el PP, desde entonces, no ha hecho más que colaborar en el entierro. Así, la promesa del PP de Aznar de restablecer el sistema de elección de los órganos judiciales a cargo de los propios jueces, fue primero aparcada con la excusa de falta de apoyos, para luego ser olvidada una vez que se obtuvo la mayoría absoluta.

Ahora, tras el nuevo apaño, algunos en el PP se querrán consolar con el hecho de que sus nueve vocales elegidos les aseguran una minoría de bloqueo que hará imprescindible su acuerdo para las decisiones más importantes, en las que se requiere una mayoría de tres quintos. Sin embargo, no es esto a lo que el pensamiento constitucionalista se refería al abogar por un sistema de "frenos y contrapesos" al poder. La independencia del poder judicial es mucho más garantía y salvaguarda de los derechos constitucionales que la necesidad de acuerdos coyunturales a los que puedan llegar los distintos intereses partidistas para designar a los miembros de los órganos judiciales.

Si la pérdida de independencia del poder judicial, que indefectiblemente conlleva la designación no vitalicia de sus miembros por parte del poder legislativo, merma la calidad de cualquier democracia, en el caso de España está, además, haciendo peligrar su misma existencia como nación. Así, la consentida realidad de que no se pueda estudiar en español en muchas partes de España, o la posibilidad de que un Estatuto soberanista quiebre la unidad de España como nación y como Estado de Derecho, son factibles por culpa de una designación política de los miembros que conforman el poder judicial.

En cualquier caso, y a la espera de la pendiente renovación del Tribunal Constitucional, esperemos que este funeral por Montesquieu, esta subordinación.

NOTA EDITORIAL PENSAMIENTO LÓKIDOS:
A Montesquieu ya lo mataron en tiempos de Felipe González, ahora lo han entrerrado. ¿Dónde está la independencia del poder juifical? Ahora el gobierno puede controla las deciciones judiciales. ¿Quién conde a la administracion?

No pistolas en la iglesia

San Sebastián, 8 sep (EFE).- La alcaldesa de Lizartza, Regina Otaola, ha criticado hoy al párroco de esta localidad guipuzcoana por no permitir la entrada de escoltas armados al oficio religioso celebrado hoy en la ermita del pueblo en honor a su patrona, la Virgen del Sagrario.

Otaola y miembros de la corporación de Lizartza, todos ellos miembros del PP, único partido que se presentó a las elecciones, han acudido hoy a la misa que se celebra anualmente en esta festividad sin que se hayan registrado incidentes, pese a la presencia al finalizar el acto de un reducido grupo de militantes de la izquierda abertzale, que ha mostrado ikurriñas pero no ha proferido grito alguno.

El pasado año, en esta misma celebración, la alcaldesa de la localidad recibió amenazas de muerte por parte de una persona que participaba en una concentración que se desarrolló ante el Ayuntamiento cuando Otaola izó la bandera española.

Tras la celebración de la misa, Otaola ha remitido un comunicado en el que ha denunciado que antes de comenzar la misa el párroco ha anunciado a los ediles populares que no quería "pistolas" en la iglesia "como el año pasado".

"Todavía hay una parte del clero vasco que confunde las ovejas con los lobos", ha indicado la primera edil, quien ha considerado que el sacerdote debería dedicar sus recomendaciones "a quienes usan las pistolas para aterrorizar, no a los que las llevan para proteger" las vidas de los amenazados.

Otaola ha agregado que la función pastoral del párroco "implica asistir a todos por igual, pero no cerrar los ojos ante la evidencia de quiénes son los que rompen la convivencia y atacan al prójimo en pueblos como Lizartza.

NOTA DE LA EDICIÓN:
Ya sabemnos que la iglesia del País Vasco tira al monte, siempre una parábola de independestismo, desde los tiempos de el ex-jesuita Arzallus. A la Iglesia no le molestan las pistolas, porque en Semana Santa todas las cofradías van escoltadas por fuerzas armadas. La delebraciones de Patronos y Patronas de las Fuerzas Armadas van siempre con las armas reglamentarias a los oficios religiosos. Esto del cura de Lizartza, no es más que una sotanada más del País Vasco. Desobedecer una orden de un cura ni es pecado ni entraña obligación ninguna, no es más ni menos que una cacicada más de la Iglesia retrógada y politizada.

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