LA ESCALADA DE URIBE

LA ESCALADA DE URIBE. Por Héctor Vega*

“Tenga cuidado Presidente Uribe, si Usted ordena operativos en territorio venezolano como los que el ejército colombiano llevó a cabo en Ecuador eso significa casus belli [causa de guerra]”. Esas fueron las palabras del Presidente Chávez cuando el ataque a las FARC en suelo ecuatoriano. Desde hace más de un decenio, Uribe, disidente del Partido Liberal y líder de Primero Colombia, ha iniciado una peligrosa escalada. La misma que incendió históricamente las patrias latinoamericanas con dictaduras sanguinarias al servicio del Imperio y de las oligarquías locales. Aliado a los paramilitares, Uribe buscó la impunidad de estos grupos culpables de graves delitos contra la humanidad, promulgando el decreto 2002 y la Ley de Justicia y Paz, todo ello dentro del marco de la proclamada Política de Defensa y Seguridad Democrática con la cual oficializó la nueva versión de la Seguridad Nacional americana de la época de la Guerra Fría. En esta política se asigna a los civiles un papel directo en el conflicto, borrando la distinción entre civiles y combatientes. Cabe preguntarse, ¿Es esta una nueva forma de denominar a los paramilitares? ¿Ó bien, se trata de fortalecer un poder civil mediante el apoyo de la fuerza militar? A ello se agrega la delación pagada para de esa manera ajustar cuentas con las FARC y el ELN. Cuando Belisario Betancur [1982-1986] promulgó la ley de Amnistía y abrió negociaciones con la guerrilla para definir las modalidades de la reintegración de los combatientes a la vida civil, y aquella fundó la Unión Patriótica como referente político de la izquierda dispuesta a negociar la paz, la oligarquía, por la mano del ejército desencadenó la represión y los asesinatos en contra de los miembros de la Unión Patriótica. Como lo expresara Raúl Reyes en su última entrevista acordada a la prensa, “estos hechos obligaron a privilegiar el trabajo clandestino, como el Partido Comunista Clandestino y el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia cuya militancia para subsistir y crecer se mantiene en la clandestinidad”. Veinticinco años más tarde la oligarquía vuelve a cerrar toda posibilidad de diálogo y con ello cualquier salida política al conflicto. El programa socialista proclamado por las FARC en Colombia convoca en primer lugar al pueblo colombiano a resolver este conflicto. Ningún grupo o fracción de la sociedad colombiana podrá prevalerse del apoyo de alguna potencia extranjera para hacer predominar sus argumentos. Reflexionemos. No fue precisamente el apoyo de la ex URSS la que iluminó el camino al socialismo de Cuba. No bastaron los acuerdos comerciales ó ayudas financieras; tampoco las armas sofisticadas. Trágicamente los hechos demostraron que entrar en el juego de las potencias nucleares era querer construir el socialismo por procuración. Y eso era, como se probó, un camino equivocado. La larga lucha por el socialismo es en definitiva el compromiso de los propios pueblos contra el hambre, la pobreza y las grandes desigualdades sociales, en un marco de solidaridad social fundado en principios éticos que la propia práctica social impone. Ayer, el pueblo cubano, a 90 millas del Imperio, así lo entendió. La dignidad, la libertad, la solidaridad no se vende ni se compra en el mercado, ni siquiera al precio de un dólar desvalorizado. El Comando Sur de los Estados Unidos [SOUTHCOM], instalado ayer en Panamá, hoy en Miami, cerró temporalmente el capítulo de la confrontación en Latinoamérica [Informe Craddock] y aún piensa que la situación está bajo control en el área. Pues, cambió la táctica de la conspiración, el atentado y el asesinato, por contactos informales con los ejércitos latinoamericanos, ventas de equipos y armamento y halagos a los gobiernos de turno y cultivo de la corrupción elevada al estatus de virtud pública. La escalada de Uribe retrotrae las cosas a su lugar y enciende la mecha de los conflictos de baja intensidad en el continente, la misma que hoy pone en pie de guerra al Medio Oriente. El relevo es evidente. Las sociedades privadas de la guerra adquieren patente de legitimidad mediante la nueva política paramilitar. Los mercenarios, reclutados por empresas tales como DynCorp, AirScan y EAST, para servicios de fumigación, erradicación de cocales, detección de laboratorios clandestinos de cocaína, toman las armas y realizan misiones armadas en Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú. Dentro del esquema de Uribe y el gobierno de Estados Unidos, el negocio de la guerra es rentable. Recordemos la clase de multimillonarios de la guerra que nace junto con los contratos estatales del Imperio. Contratos que en 2001 fueron por US$ 26 mil 625 millones; en 2002, US$ 35 mil 68 millones, en 2003, US$ 42 mil 200 millones y en 2004, US$ 52 mil 500 millones. En 28 años [de 1972 a 2000], la proporción de puestos de trabajo a cargo de contratistas sobre el total de puestos relacionados con la defensa, se incrementó del 36% al 50% [Según Oscar Oszlak, Gobernar el Imperio. Edit. Capital Intelectual. Buenos Aires, 2006 pp. 75-77]. La vinculación del sector privado en el sector de la defensa es parte de la historia de la Guerra Fría y los conflictos posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En su mensaje de despedida Eisenhower advertía que “en los Consejos del gobierno, debemos resguardarnos de la indeseable influencia del complejo militar-industrial, sea o no deliberadamente buscada” [Ibidem, p. 80]. DynCorp es responsable del entrenamiento de los pilotos de las Fuerzas Armadas colombianas, peruanas y bolivianas. 50% de sus ingresos provienen del Pentágono. Los mercenarios reemplazan a los soldados estadounidenses, cuyo contingente se reduce en los años noventa de 790 mil a 480 mil. Los mercenarios así contratados, son considerados, oficialmente como civiles. De tal manera que su muerte en acciones de guerra no aparece como bajas del ejército norteamericano. Las previsiones del SOUTHCOM – explicitadas en el Informe del General Craddock - siempre se basaron en el supuesto que Latinoamérica es una de las regiones menos armadas del planeta. Segundo, se asumió que los contactos informales entre los ejércitos de Estados Unidos y latinoamericanos estarían en situación de controlar la adhesión a los programas de defensa del Imperio y como corolario el desarrollo democrático de las sociedades civiles. Por último, en tercer lugar se asumió que los gastos en defensa de los gobiernos latinoamericanos serían proporcionales a su rol de fuerza de apoyo a Estados Unidos en una agresión extra continental. Lo que el Informe Craddock no previó fue que el mismo lobby armamentista privado americano, el que se enriquece con los proyectos de Uribe, sigue siendo el mayor obstáculo a la negociación y democratización de la sociedad colombiana y con ello se inicia una escalada de consecuencias difíciles de controlar. [1] En sus sueños de poder, animado por una oligarquía local despiadada e inescrupulosa, Uribe no se ha planteado donde terminará su escalada de agresiones. El sacrificio de rehenes, el desprecio a las gestiones humanitarias del Presidente Chávez y de la Senadora Piedad Córdoba, de la Unión Europea, de las ONG, constituyen para Uribe costos menores perfectamente desechables y que está dispuesto a incurrir. Los que sí saben de los beneficios que se pueden obtener de una guerra fraticida son los lobbistas privados norteamericanos de la guerra y Bush y su lobby del petróleo. Uribe no tiene conciencia del monstruo que ha desatado y francamente creo que le importa un carajo. NOTA [1] El 50% de las compras del Departamento de Defensa de Estados Unidos [appropriations] se realizan sin ninguna forma de licitación. Es más, un lobby de contratistas privados - “Defense Science Board Task Force on Outsourcing and Privatization – publicó un informe según el cual la privatización de los servicios de apoyo y mantenimiento para la defensa acarrearía un ahorro entre 10 a 30 mil millones de dólares. Oszlak estima que la evidencia ofrecida para estimar tales ahorros multimillonarios, era totalmente insuficiente. Según el mismo Oszlak el panel que dio a conocer el estudio fue presidido por el CEO [ejecutivo máximo] del contratista militar BDM International [Ibidem, p. 83]. * Abogado y economista. Director de Fortín Mapocho 02/03/08