Los juzgados penales acumulan 270.000 sentencias sin ejecutar
El Poder Judicial pide más medios y personal para reducir el colapso y lograr una sustancial mejora de los sistemas informáticos y de gestión
07.05.08 -
ATASCO. El colapso en los juzgados españoles con miles de sentencias sin ejecutar y otros miles de procesos en espera de juicio es alarmante. / EFE
Los juzgados españoles de lo penal, encargados de juzgar los delitos más comunes, los que crean una mayor alarma social, acumulaban a finales del año pasado 270.000 sentencias sin ejecutar, según un estudio monográfico realizado por el Servicio de Inspección del Consejo General Poder Judicial (CGPJ). Son incalculables los ciudadanos condenados por delitos menores que no han sido conminados a cumplir los castigos impuestos; cientos de miles de víctimas, por su parte, siguen sin recibir la reparación o compensación que la propia justicia les reconoció.
Tras la investigación realizada, el Poder Judicial no oculta que la situación de la justicia penal es de colapso grave, y el próximo jueves, en una reunión de su Comisión Permanente, propondrá al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias en la materia una batería de medidas, tanto de choque como a medio y largo plazo, para tratar de revertir la situación.
El análisis monográfico tiene su origen en el clima de alarma social desatado en marzo pasado por el 'caso Mari Luz', el abuso y posterior asesinato de una niña onubense de nueve años por un hombre que debía llevar más de dos años encarcelado por haber abusado de su propia hija. Santiago del Valle, el sospechoso de este crimen, no estaba encarcelado porque un juzgado de lo penal de Sevilla tardó más de dos años en ordenar su busca y captura para ejecutar esta sentencia firme.
El escándalo provocado por este grave error judicial ha hecho aflorar en las últimas semanas varios casos similares, que pueden ser decenas o centenares a la vista de las conclusiones del estudio. La investigación del CGPJ pone sobre la mesa un problema tan o más grave que la tradicional preocupación ciudadana por los retrasos de la justicia, concentrada en la tardanza en enjuiciar y sentenciar un delito. Son los múltiples perjuicios que ocasionan a las víctimas, y a los ciudadanos en general, que las sentencias ya dictadas no se cumplan de inmediato, no se ejecuten durante meses o años.
El informe señala que en España existen casi 310 juzgados de lo penal, los encargados de enjuiciar los delitos con penas de cárcel inferiores a seis años -robos de todo tipo, violencia de género, abusos sexuales, menudeo de drogas, delitos de tráfico y fiscales, agresiones, etc.- y de hacer cumplir las sentencias.
Además, desde 2006, en seis grandes ciudades españolas -Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Palma y San Sebastián-, existen otros 15 juzgados penales que sólo se dedican a ejecutar las sentencias dictadas por los demás y que, por lo tanto, descargan a los órganos de su área de influencia (otros 71) de este complejo cometido.
A la cabeza
Tanto los unos como los otros están saturados y «sobrecargados de trabajo». Los juzgados ordinarios de lo penal tenían cada uno, a final de 2007, unas 800 sentencias pendientes de ejecutar de media. En el caso de los quince órganos especializados en ejecutorias, la media se elevó a unos 5.700 asuntos pendientes por unidad.
En ambos casos se trata del doble de lo que el Poder Judicial considera como una carga de trabajo normal. La radiografía indica que los juzgados ordinarios tenían 189.280 resoluciones sin ejecutar y los especializados 80.125. Los datos, que de por sí son preocupantes, aún empeoran dependiendo de los zonas de España en las que se pone la lupa.
La lista de las regiones con mayor colapso en la ejecución de sentencias la encabeza Cantabria, en la que cada juzgado de lo penal tiene una media de 1.273 causas sin ejecutar. Con una situación parecida le siguen la Comunidad Valenciana (1.196), Navarra (1.159), Murcia (1.140), y Cataluña (1.002). Todas ellas están muy por encima de la media nacional de resoluciones pendientes, que es de 795 por juzgado. Por el contrario, la menor acumulación de sentencias por cumplir se registra en el País Vasco (342), Castilla y León (368), Extremadura (428), La Rioja (553) y Aragón (563). El resto se encuentran próximas a la media.
El Servicio de Inspección ha llegado a la conclusión de que la creación de juzgados específicos de ejecutorias ha sido «positivo», porque ha unificado los procedimientos y ha liberado de trabajo a los órganos ordinarios, pero añade en sus conclusiones que, tras menos dos años de funcionamiento, «ya están colapsados». Les faltan jueces y secretarios judiciales, necesitan más funcionarios y mejor preparados, y les urge un sistema informático eficaz y específico para su labor.
Medidas urgentes
A la vista del análisis, el CGPJ propondrá al Ministerio y a los consejeros de Justicia la formación inmediata de una comisión técnica tripartita para ejecutar un plan que desatasque la ejecución de las sentencias penales.
El plan del Poder Judicial propone, como medidas de choque, el aumento de personal en los juzgados especializados, la instauración de planes de refuerzo y la disminución de funcionarios interinos -sin experiencia-, que en algunos órganos son mayoría, o bien su formación específica. El proyecto incluye poner un juez y un secretario más en cada uno de los cinco juzgados de Madrid; mantener los planes de refuerzo de Barcelona, Valencia y Bilbao; poner un juez, un secretario y quince funcionarios más en Palma; y aumentar tres funcionarios en San Sebastián.
El mismo proyecto indica las medidas necesarias a tomar a medio plazo. Entre ellas están: la implantación de un sistema informático de gestión propio y específico; el diseño de protocolos concretos para mejorar los procedimientos; el incremento de juzgados específicos y plantillas en Barcelona, Valencia, Palma y Bilbao, y el estudio de su extensión a otras ciudades; y la realización de una nueva radiografía del problema, aún más profunda y completa, en 2008, que permita tomar decisiones definitivas.
Tras la investigación realizada, el Poder Judicial no oculta que la situación de la justicia penal es de colapso grave, y el próximo jueves, en una reunión de su Comisión Permanente, propondrá al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias en la materia una batería de medidas, tanto de choque como a medio y largo plazo, para tratar de revertir la situación.
El análisis monográfico tiene su origen en el clima de alarma social desatado en marzo pasado por el 'caso Mari Luz', el abuso y posterior asesinato de una niña onubense de nueve años por un hombre que debía llevar más de dos años encarcelado por haber abusado de su propia hija. Santiago del Valle, el sospechoso de este crimen, no estaba encarcelado porque un juzgado de lo penal de Sevilla tardó más de dos años en ordenar su busca y captura para ejecutar esta sentencia firme.
El escándalo provocado por este grave error judicial ha hecho aflorar en las últimas semanas varios casos similares, que pueden ser decenas o centenares a la vista de las conclusiones del estudio. La investigación del CGPJ pone sobre la mesa un problema tan o más grave que la tradicional preocupación ciudadana por los retrasos de la justicia, concentrada en la tardanza en enjuiciar y sentenciar un delito. Son los múltiples perjuicios que ocasionan a las víctimas, y a los ciudadanos en general, que las sentencias ya dictadas no se cumplan de inmediato, no se ejecuten durante meses o años.
El informe señala que en España existen casi 310 juzgados de lo penal, los encargados de enjuiciar los delitos con penas de cárcel inferiores a seis años -robos de todo tipo, violencia de género, abusos sexuales, menudeo de drogas, delitos de tráfico y fiscales, agresiones, etc.- y de hacer cumplir las sentencias.
Además, desde 2006, en seis grandes ciudades españolas -Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Palma y San Sebastián-, existen otros 15 juzgados penales que sólo se dedican a ejecutar las sentencias dictadas por los demás y que, por lo tanto, descargan a los órganos de su área de influencia (otros 71) de este complejo cometido.
A la cabeza
Tanto los unos como los otros están saturados y «sobrecargados de trabajo». Los juzgados ordinarios de lo penal tenían cada uno, a final de 2007, unas 800 sentencias pendientes de ejecutar de media. En el caso de los quince órganos especializados en ejecutorias, la media se elevó a unos 5.700 asuntos pendientes por unidad.
En ambos casos se trata del doble de lo que el Poder Judicial considera como una carga de trabajo normal. La radiografía indica que los juzgados ordinarios tenían 189.280 resoluciones sin ejecutar y los especializados 80.125. Los datos, que de por sí son preocupantes, aún empeoran dependiendo de los zonas de España en las que se pone la lupa.
La lista de las regiones con mayor colapso en la ejecución de sentencias la encabeza Cantabria, en la que cada juzgado de lo penal tiene una media de 1.273 causas sin ejecutar. Con una situación parecida le siguen la Comunidad Valenciana (1.196), Navarra (1.159), Murcia (1.140), y Cataluña (1.002). Todas ellas están muy por encima de la media nacional de resoluciones pendientes, que es de 795 por juzgado. Por el contrario, la menor acumulación de sentencias por cumplir se registra en el País Vasco (342), Castilla y León (368), Extremadura (428), La Rioja (553) y Aragón (563). El resto se encuentran próximas a la media.
El Servicio de Inspección ha llegado a la conclusión de que la creación de juzgados específicos de ejecutorias ha sido «positivo», porque ha unificado los procedimientos y ha liberado de trabajo a los órganos ordinarios, pero añade en sus conclusiones que, tras menos dos años de funcionamiento, «ya están colapsados». Les faltan jueces y secretarios judiciales, necesitan más funcionarios y mejor preparados, y les urge un sistema informático eficaz y específico para su labor.
Medidas urgentes
A la vista del análisis, el CGPJ propondrá al Ministerio y a los consejeros de Justicia la formación inmediata de una comisión técnica tripartita para ejecutar un plan que desatasque la ejecución de las sentencias penales.
El plan del Poder Judicial propone, como medidas de choque, el aumento de personal en los juzgados especializados, la instauración de planes de refuerzo y la disminución de funcionarios interinos -sin experiencia-, que en algunos órganos son mayoría, o bien su formación específica. El proyecto incluye poner un juez y un secretario más en cada uno de los cinco juzgados de Madrid; mantener los planes de refuerzo de Barcelona, Valencia y Bilbao; poner un juez, un secretario y quince funcionarios más en Palma; y aumentar tres funcionarios en San Sebastián.
El mismo proyecto indica las medidas necesarias a tomar a medio plazo. Entre ellas están: la implantación de un sistema informático de gestión propio y específico; el diseño de protocolos concretos para mejorar los procedimientos; el incremento de juzgados específicos y plantillas en Barcelona, Valencia, Palma y Bilbao, y el estudio de su extensión a otras ciudades; y la realización de una nueva radiografía del problema, aún más profunda y completa, en 2008, que permita tomar decisiones definitivas.
