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viernes, 9 de mayo de 2008

BOLIVIA ESTA DIVIDIDA, SE DEBE RECUPERAR LA UNIDAD

BOLIVIA ESTA DIVIDIDA, SE DEBE RECUPERAR LA UNIDAD. Por Alex Contreras Baspineiro*

Alex Contreras Baspineiro, escribe que 'no fue una bomba de tiempo, fue sólo un referéndum autonómico. Bolivia está dividida, se debe recuperar la unidad'. Desde Cochabamba escribe Contreras Baspineiro.

“Esta consulta ha dividido a los cruceños” afirmó el Presidente de la República de Bolivia, Evo Morales Ayma, al realizar una evaluación de los resultados del referéndum sobre el estatuto autonómico en Santa Cruz.

Pero ¿sólo los cruceños están divididos? No. Los bolivianos estamos divididos. Mientras que ayer se realizaba el referéndum en Santa Cruz con algunos incidentes de violencia pero con un contundente “Sí” en las urnas, en otros departamentos como Cochabamba, El Alto, La Paz, Potosí y Oruro se protagonizaban masivas concentraciones y cabildos de rechazo a esa consulta y en Tarija, Beni, Pando, Sucre y otras ciudades se realizaron fiestas y festejos por la victoria autonómica.

Dos caras, dos facetas y una sola realidad: Bolivia.


Algunos bolivianos festejaron los resultados y otros protestaron; unos valoraron la participación ciudadana y otros criticaron; unos destacaron la victoria del sí y otros denunciaron un fraude; unos se llenaron la boca de un contundente triunfo y otros hablaron de un absoluto fracaso; unos recurrieron a los hechos de violencia y al enfrentamiento y otros velaron la paz. Eso se llama división no sólo entre collas y cambas, ni entre t`aras ni k´aras, ni entre ciudad y campo, ni entre gobernantes ni gobernados y no sólo en Santa Cruz si no en Bolivia.

Lo cierto es que la victoria del Sí al estatuto autonómico del departamento de Santa Cruz alcanzó al 85.1 por ciento de los votantes, mientras que el 14.9 por ciento votó por el No.

Aunque la participación ciudadana es menor, el resultado superó al porcentaje registrado en Santa Cruz en el referéndum sobre autonomías realizado en julio del 2006, cuando el Sí ganó con 71.1 por ciento, lo que quiere decir que el estatuto sobrepasó en 14.8 puntos a la propia autonomía.

En Santa Cruz se habilitaron 933.952 personas para votar, 569.324 acudieron a las urnas, es decir, el 61 por ciento. Los votos válidos fueron 548.994, equivalentes a 96.4 por ciento de los sufragantes. Sin embargo, se debe destacar que el ausentismo del total de electores alcanzó a un 39 por ciento, cifra considerada como muy elevada.

El Presidente de Bolivia, a tiempo de ratificar que el estatuto autonómico cruceño es ilegal y anticonstitucional, dijo que los líderes cruceños fracasaron porque según sus cálculos el rechazo al documento sumó más del 50 por ciento: la abstención del 39 por ciento, el voto por el No 14 por ciento y los votos nulos 2.4 por ciento.

“[La abstención] es la conciencia del pueblo cruceño, de las familias que no están de acuerdo con la ilegalidad, con la inconstitucionalidad y menos con la separación que propugnan algunos dirigentes…Expreso mi gran respeto, mi admiración al pueblo cruceño por esta resistencia contra un estatuto autonómico separatista y divisionista. Hoy sólo hubo violencia y enfrentamiento entre las familias que viven en el departamento de Santa Cruz”, señaló.

Diálogo condicionado = fracaso


Mientras en gran parte del territorio nacional se realizaban masivos festejos por el inicio del proceso autonómico, el Jefe de Estado enviaban un mensaje a los nueve prefectos del país: diálogo inmediato.

“Quiero convocar a todos los prefectos, que desde mañana [hoy] trabajemos por una verdadera autonomía, una autonomía basada en la nueva Constitución Política del Estado boliviano. Espero que los prefectos me puedan escuchar, para que juntos garanticemos una autonomía para regiones, para sectores como los pueblos indígenas, pero también para los departamentos”, señaló.

La respuesta fue inmediata. El Prefecto del Beni, Ernesto Suárez, dijo que están dispuestos a dialogar “pero hay que ser demasiado miope y ciego para no reconocer el resultado de ayer, de no admitir que perdieron”. “Nada detendrá las autonomías en Tarija, Pando y Beni aunque se posibilite el diálogo con el Gobierno”, enfatizó.

El Prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, a quien la gente lo aclamó en una concentración como “gobernador” respondió que están dispuestos a dialogar pero si ninguna condición.

“Hoy iniciamos el camino hacia una nueva República, hacia un moderno Estado que en principio se formará con los cuatro departamentos autónomos hasta convertir a Bolivia en el Estado unitario más representativo de toda América Latina…Con el voto se ha consolidado el inicio de la reforma estructural de mayor trascendencia en nuestra patria. Las urnas han dado su veredicto; los emisarios del mal no pudieron imponer su rencor y su odio. Hoy hemos logrado una página gloriosa en la memoria nacional para construir una patria nueva con responsabilidad, con unidad. Debemos felicitarnos por haber reafirmado nuestro compromiso con la democracia”, resaltó.

Desde hace días atrás, la Organización de Estados Americanos [OEA], la Alternativa Bolivariana para las Américas [ALBA], Naciones Unidas, países vecinos y representantes de la Iglesia Católica convocaron de manera infructuosa a un diálogo, sin ningún resultado.

¿Se necesitará un mediador? ¿Los bolivianos requerimos un observador para resolver nuestros problemas? No. Lo único que se necesita de ambas partes es una verdadera y transparente voluntad política.

En el tapete de la discusión se encuentra el estatuto autonómico cruceño que, desde ayer y en este proceso, le permitiría a Santa Cruz definir su política de tierras, de economía, de educación, de salud y le permite crear una Asamblea Legislativa para aprobar leyes departamentales y además designar autoridades locales y también se encuentra la nueva Constitución Política del Estado que pretende “refundar” Bolivia en lo político, económico, social y cultural.

Efecto dominó = desgobierno


Diferentes sectores sociales del país –tanto del oficialismo y de la oposición- desde un tiempo a esta parte demandan a las autoridades que se haga un esfuerzo por compatibilizar los estatutos autonómicos con la nueva carta magna. Esa es la única salida para la crisis.

Mientras el proceso de diálogo no se concrete siguen las agendas rumbo a los referéndum autonómicos en Beni, Pando y Tarija. Santa Cruz fue el primer departamento y se puede presentar un efecto dominó que puede dividir aún más a los bolivianos y bolivianas, en general y puede acrecentar el desgobierno.

“Debemos lograr un gran acuerdo nacional que armonice las normas bolivianas y fortalezca las instituciones de la república para dar certidumbre y seguridad jurídica a todos los bolivianos. Bolivia nos exige un pacto que no viole la democracia, la libertad ni el estado de derecho, un acuerdo que no niegue ni menoscabe la voluntad expresada en el referéndum del 2 de julio [2006] y puesta en marcha hoy”, señaló el prefecto de Santa Cruz.

“Este día llamado de fiesta, esta consulta sobre el Estatuto Autonómico ha fracasado rotundamente. Esta consulta ilegal y anticonstitucional no tuvo éxitos como esperaban algunas familias, algunos grupos en el departamento de Santa Cruz… Nace una gran rebelión en el departamento de Santa Cruz contra los grupos que siempre usaron al pueblo en base a los
recursos económicos. Estoy seguro de que esto, tarde o temprano, terminará”, sentenció el Presidente de la República.

Los bolivianos y bolivianas no queremos más enfrentamientos ni división. Ayer, a pesar del saldo de decenas de heridos y contusos o la quema de ánforas y la destrucción de papeletas de sufragio en poblaciones como San Julián, Yapacaní, Montero o el Plan 3.000, la situación no pasó a mayores. La historia pudo ser diferente.

“Nadie le puede decir a estos cientos de miles de bolivianos que su voto fue en vano. El gobierno del MAS no puede decir que ese voto no tiene valor porque con el voto del pueblo no se juega, el voto del pueblo es democracia”, dijo el dirigente del Comité Cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic

El prefecto de Tarija, Mario Cossío, afirmó: “Sólo trabajaremos con el Presidente de la República si modifica su conducta y reconoce la voluntad popular”.

Transcurridas algunas horas del 4 de mayo, el día “D” –considerado por algunos agoreros, nacionales e internacionales, como una “bomba de tiempo”- ratificamos que Bolivia no se encuentra al borde el abismo si no ante el reto de encontrar soluciones concertadas.

Más allá de algunas voces que exhortan al uso de las armas y la violencia, los métodos para encontrar soluciones están en el diálogo y la concertación.

La unidad de la Patria requiere en esta coyuntura despojarse de todo interés y pensar que en una revolución se debe dar, a veces, un paso atrás para seguir con dos adelante. Este es el caso. El Gobierno de la Revolución Democrática y Cultural debe reconocer errores cometidos en estos dos años de gestión y abanderar la lucha autonómica: una autonomía no sólo para los grupos de poder sino una autonomía para los pueblos que sea solidaria, digna y con justicia social.

* Alex Contreras Baspineiro es periodista y escritor boliviano.

Fuente: Alai-AMLATINA

270.000 SENTENCIAS SIN EJECUTAR

Los juzgados penales acumulan 270.000 sentencias sin ejecutar
El Poder Judicial pide más medios y personal para reducir el colapso y lograr una sustancial mejora de los sistemas informáticos y de gestión
07.05.08 -

Los juzgados penales acumulan 270.000 sentencias sin ejecutar
ATASCO. El colapso en los juzgados españoles con miles de sentencias sin ejecutar y otros miles de procesos en espera de juicio es alarmante. / EFE
Los juzgados españoles de lo penal, encargados de juzgar los delitos más comunes, los que crean una mayor alarma social, acumulaban a finales del año pasado 270.000 sentencias sin ejecutar, según un estudio monográfico realizado por el Servicio de Inspección del Consejo General Poder Judicial (CGPJ). Son incalculables los ciudadanos condenados por delitos menores que no han sido conminados a cumplir los castigos impuestos; cientos de miles de víctimas, por su parte, siguen sin recibir la reparación o compensación que la propia justicia les reconoció.

Tras la investigación realizada, el Poder Judicial no oculta que la situación de la justicia penal es de colapso grave, y el próximo jueves, en una reunión de su Comisión Permanente, propondrá al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas con competencias en la materia una batería de medidas, tanto de choque como a medio y largo plazo, para tratar de revertir la situación.

El análisis monográfico tiene su origen en el clima de alarma social desatado en marzo pasado por el 'caso Mari Luz', el abuso y posterior asesinato de una niña onubense de nueve años por un hombre que debía llevar más de dos años encarcelado por haber abusado de su propia hija. Santiago del Valle, el sospechoso de este crimen, no estaba encarcelado porque un juzgado de lo penal de Sevilla tardó más de dos años en ordenar su busca y captura para ejecutar esta sentencia firme.

El escándalo provocado por este grave error judicial ha hecho aflorar en las últimas semanas varios casos similares, que pueden ser decenas o centenares a la vista de las conclusiones del estudio. La investigación del CGPJ pone sobre la mesa un problema tan o más grave que la tradicional preocupación ciudadana por los retrasos de la justicia, concentrada en la tardanza en enjuiciar y sentenciar un delito. Son los múltiples perjuicios que ocasionan a las víctimas, y a los ciudadanos en general, que las sentencias ya dictadas no se cumplan de inmediato, no se ejecuten durante meses o años.

El informe señala que en España existen casi 310 juzgados de lo penal, los encargados de enjuiciar los delitos con penas de cárcel inferiores a seis años -robos de todo tipo, violencia de género, abusos sexuales, menudeo de drogas, delitos de tráfico y fiscales, agresiones, etc.- y de hacer cumplir las sentencias.

Además, desde 2006, en seis grandes ciudades españolas -Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Palma y San Sebastián-, existen otros 15 juzgados penales que sólo se dedican a ejecutar las sentencias dictadas por los demás y que, por lo tanto, descargan a los órganos de su área de influencia (otros 71) de este complejo cometido.

A la cabeza

Tanto los unos como los otros están saturados y «sobrecargados de trabajo». Los juzgados ordinarios de lo penal tenían cada uno, a final de 2007, unas 800 sentencias pendientes de ejecutar de media. En el caso de los quince órganos especializados en ejecutorias, la media se elevó a unos 5.700 asuntos pendientes por unidad.

En ambos casos se trata del doble de lo que el Poder Judicial considera como una carga de trabajo normal. La radiografía indica que los juzgados ordinarios tenían 189.280 resoluciones sin ejecutar y los especializados 80.125. Los datos, que de por sí son preocupantes, aún empeoran dependiendo de los zonas de España en las que se pone la lupa.

La lista de las regiones con mayor colapso en la ejecución de sentencias la encabeza Cantabria, en la que cada juzgado de lo penal tiene una media de 1.273 causas sin ejecutar. Con una situación parecida le siguen la Comunidad Valenciana (1.196), Navarra (1.159), Murcia (1.140), y Cataluña (1.002). Todas ellas están muy por encima de la media nacional de resoluciones pendientes, que es de 795 por juzgado. Por el contrario, la menor acumulación de sentencias por cumplir se registra en el País Vasco (342), Castilla y León (368), Extremadura (428), La Rioja (553) y Aragón (563). El resto se encuentran próximas a la media.

El Servicio de Inspección ha llegado a la conclusión de que la creación de juzgados específicos de ejecutorias ha sido «positivo», porque ha unificado los procedimientos y ha liberado de trabajo a los órganos ordinarios, pero añade en sus conclusiones que, tras menos dos años de funcionamiento, «ya están colapsados». Les faltan jueces y secretarios judiciales, necesitan más funcionarios y mejor preparados, y les urge un sistema informático eficaz y específico para su labor.

Medidas urgentes

A la vista del análisis, el CGPJ propondrá al Ministerio y a los consejeros de Justicia la formación inmediata de una comisión técnica tripartita para ejecutar un plan que desatasque la ejecución de las sentencias penales.

El plan del Poder Judicial propone, como medidas de choque, el aumento de personal en los juzgados especializados, la instauración de planes de refuerzo y la disminución de funcionarios interinos -sin experiencia-, que en algunos órganos son mayoría, o bien su formación específica. El proyecto incluye poner un juez y un secretario más en cada uno de los cinco juzgados de Madrid; mantener los planes de refuerzo de Barcelona, Valencia y Bilbao; poner un juez, un secretario y quince funcionarios más en Palma; y aumentar tres funcionarios en San Sebastián.

El mismo proyecto indica las medidas necesarias a tomar a medio plazo. Entre ellas están: la implantación de un sistema informático de gestión propio y específico; el diseño de protocolos concretos para mejorar los procedimientos; el incremento de juzgados específicos y plantillas en Barcelona, Valencia, Palma y Bilbao, y el estudio de su extensión a otras ciudades; y la realización de una nueva radiografía del problema, aún más profunda y completa, en 2008, que permita tomar decisiones definitivas.

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